El proyecto "Fortalecimiento de la Política Nacional REDD+ y su Programa de Distribución de Beneficios en Ecuador" impulsó un proceso participativo e intercultural para diseñar el Plan de Distribución de Beneficios REDD+, fortaleciendo la gobernanza climática e incorporando los aportes de pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, gobiernos locales y mancomunidades, asociaciones productivas y organizaciones de la sociedad civil.
QUITO, ECUADOR | JULIO 13, 2026
La construcción de una política climática efectiva requiere procesos transparentes y participativos. Con ese objetivo, el proyecto "Fortalecimiento de la Política Nacional REDD+ y su Programa de Distribución de Beneficios en Ecuador" llegó a su etapa final permitiendo avances en el diseño y socialización del Plan de Distribución de Beneficios (PDB) REDD+, un instrumento que establece criterios de elegibilidad inclusivos y mecanismos de gobernanza necesarios para distribuir de manera equitativa los beneficios derivados de la conservación de los bosques.
Esta iniciativa liderada por la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), contó con el apoyo técnico de Wildlife Conservation Society (WCS), Environmental Defense Fund (EDF) y Climate Law and Policy (CLP), el financiamiento del Gobierno del Reino Unido a través del programa UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), y aportó a la implementación de la política nacional REDD+ en Ecuador con la participación de actores territoriales clave.
Uno de los principales resultados del proyecto fue la consolidación del Plan de Distribución de Beneficios – PDB REDD+, que define las bases para la asignación de incentivos económicos y no monetarios generados por los resultados de conservación de los bosques, bajo principios de transparencia, equidad e inclusión social. Su construcción se sustentó en un amplio proceso de diálogo con organizaciones representativas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Red de Integración Económica de Asociaciones de Usuarios del Manglar (REDAUMSLEA).
Como parte de las acciones de este proceso también se desarrollaron otros espacios como la Cuarta Mesa de Trabajo REDD+, intercambios técnicos sobre mecanismos de pago por resultados, aplicación de salvaguardas, cumplimiento de indicadores y gestión climática a nivel local, además de una primera ronda de talleres territoriales en Quito, El Coca, Puyo y Sucúa. Estos espacios reunieron a representantes de pueblos y nacionalidades indígenas de la Costa y la Amazonía, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, así como a gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus capacidades sobre cambio climático, salvaguardas ambientales y sociales, el estándar ART-TREES y los mecanismos de participación y consulta del Plan de Distribución de Beneficios REDD+.
A nivel internacional, Environmental Defense Fund (EDF) promovió la participación de representantes indígenas y afroecuatorianos en escenarios estratégicos como la Semana del Clima 2025 en Nueva York y la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (CoP 30) realizada en Brasil. Estos encuentros favorecieron el intercambio de experiencias sobre gobernanza climática y mecanismos de distribución de beneficios vinculados a REDD+, fortaleciendo las recomendaciones para la implementación de esta política pública en el país y el posicionamiento de la experiencia ecuatoriana en escenarios internacionales.
Por su parte, Climate Law and Policy (CLP) elaboró recomendaciones jurídicas para la implementación y operacionalización del Plan de Distribución de Beneficios REDD+, también llevó a cabo capacitaciones sobre mecanismos de atención y resolución de controversias (GRM, por sus siglas en inglés) con el propósito de mejorar su acceso y funcionamiento para los actores territoriales. Estas acciones se ejecutaron en coordinación con la Autoridad Nacional Ambiental.
El proyecto también organizó un encuentro regional de intercambio de experiencias con delegaciones de Costa Rica, Brasil y Perú, donde se compartieron avances, desafíos y buenas prácticas relacionadas con la distribución de beneficios y el financiamiento climático. Este encuentro regional reafirmó la importancia de construir procesos participativos que reconozcan los derechos, conocimientos y contribuciones de los pueblos y comunidades que conservan los bosques en el territorio.
Como parte de los productos generados, WCS también documentó, en un estudio de caso, la experiencia de participación de la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), en la construcción del Plan de Distribución de Beneficios REDD+. Este documento destaca cómo las comunidades afroecuatorianas han conservado durante generaciones bosques, manglares, ríos, playas y ecosistemas marino-costeros mediante prácticas ancestrales de manejo y gobernanza territorial, y cómo su incorporación al proceso permitió ampliar el reconocimiento de actores históricamente vinculados a la conservación, pero poco visibilizados en los mecanismos de financiamiento climático.
El evento de cierre del proyecto se realizó el pasado 22 de junio en Quito, con la participación de Valeria Cadena, oficial de Bosques y Clima de la Embajada Británica en Ecuador, Jessica Gallegos, subsecretaria de Cambio Climático del MAE, Sebastián Valdivieso, director de WCS Ecuador, Inés Morales, palenquera mayor de la CANE, Nema Grefa, vicepresidenta de la CONFENIAE y representantes de organizaciones aliadas para reflexionar sobre los aprendizajes del proceso participativo desarrollado a nivel nacional para la construcción del Plan de Distribución de Beneficios REDD+.
Con la entrega del documento final del Plan de Distribución de Beneficios REDD+ a la autoridad nacional ambiental para su publicación oficial, Ecuador da un paso importante en la implementación de su Política Nacional REDD+. Este instrumento fortalece la gobernanza climática y sienta las bases para que los beneficios derivados de la conservación de los bosques se distribuyan de manera transparente, equitativa y participativa, reconociendo el aporte fundamental de los actores territoriales en la conservación del patrimonio natural del país.
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Contacto de prensa:
Mayra Romero, mromero@wcs.org
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