La decisión representa un avance para fortalecer la cooperación internacional frente a delitos como el tráfico de fauna y flora silvestres y la minería ilegal, que requieren una respuesta coordinada entre países.
VIENA, AUSTRIA. | OCTUBRE 23, 2026
Wildlife Conservation Society (WCS) celebra la aprobación de la Resolución L.4 durante la 13.ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Esta decisión histórica marca un avance importante para fortalecer la respuesta internacional frente a los delitos ambientales.
Delitos ambientales como el tráfico de fauna y flora silvestres, la pesca ilegal y la minería ilegal están causando graves daños a la naturaleza en distintas regiones del mundo, además de afectar a las comunidades locales y al desarrollo económico.
La resolución aprobada abre las negociaciones del primer acuerdo internacional dedicado a combatir varios delitos ambientales transnacionales: el tráfico de fauna y flora silvestres, incluida la madera y sus productos derivados; la extracción ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos; y el tráfico de residuos.
El acuerdo, que se negociará durante los próximos dos años, adoptará la forma de un protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De esta manera, los delitos ambientales contemplados en el futuro protocolo contarían con un marco jurídico internacional comparable al que ya existe para otras formas graves de delincuencia organizada transnacional, como la trata de personas y el tráfico de armas de fuego.
Alice Pasqualato, especialista global en Políticas sobre Delitos Ambientales de WCS, afirmó:
“Este es un momento histórico en la lucha mundial contra los delitos ambientales. En un contexto en el que la cooperación multilateral enfrenta dificultades sin precedentes, los gobiernos han logrado ponerse de acuerdo en reconocer que delitos como el tráfico de vida silvestre y la minería ilegal constituyen formas graves de delincuencia organizada transnacional que requieren una respuesta internacional coordinada.
Las redes criminales operan a través de las fronteras, pero nuestras respuestas jurídicas muchas veces no logran trascenderlas. Las diferencias entre las legislaciones nacionales hacen que determinadas conductas contra el medio ambiente sean consideradas delitos en un país, pero no necesariamente en otro. Un acuerdo internacional específico representa una oportunidad histórica para reducir estas diferencias, fortalecer la cooperación entre países y proporcionar a los gobiernos mejores herramientas para combatir las redes criminales que se lucran de la explotación de la vida silvestre y los recursos naturales.
WCS reconoce especialmente el liderazgo de Brasil, Francia y Perú, que contribuyeron a reunir el apoyo de los gobiernos para impulsar esta iniciativa. También felicita a todos los países copatrocinadores y a las organizaciones de la sociedad civil cuyo compromiso y trabajo diplomático hicieron posible la decisión adoptada hoy.
Esta decisión representa un avance importante, pero es apenas el comienzo del proceso. Ahora debemos concentrar los esfuerzos en las negociaciones para lograr que el acuerdo que se presentará a los gobiernos en 2028, durante la 14.ª Conferencia de las Partes, sea lo más sólido, práctico y eficaz posible.
WCS está dispuesta a aportar su experiencia y conocimientos técnicos durante este proceso, con el propósito de contribuir a que el futuro protocolo proporcione a los países las herramientas necesarias para prevenir, investigar y perseguir penalmente estos delitos, así como para fortalecer la cooperación transfronteriza”.
La decisión de iniciar las negociaciones se sustenta en el trabajo desarrollado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente, establecido en el marco de la Convención. Durante 2025 y 2026, este grupo examinó la posibilidad de adoptar un protocolo adicional para combatir estos delitos.
WCS ha respaldado firmemente la creación de este instrumento internacional, al considerar que puede contribuir a fortalecer la cooperación entre países, desarticular redes criminales e interrumpir los flujos financieros ilícitos asociados a sus actividades. También permitiría avanzar en la recuperación de los recursos económicos obtenidos mediante estos delitos y facilitar que quienes se benefician de la destrucción de los recursos naturales respondan ante la justicia.
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