A mediados de junio, la Universidad Estatal Amazónica en Puyo acogió a expertos nacionales e internacionales en la II Cumbre Amazónica de Periodismo y Cambio Climático, un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos impulsado por Fundamedios. Cuatro foros simultáneos se realizaron en formato virtual, WCS Ecuador organizó uno de estos encuentros, con el objetivo de compartir información con la ciudadanía sobre los delitos ambientales que amenazan a la biodiversidad y a los pueblos indígenas de la Amazonía.
QUITO, ECUADOR | JUNIO 19, 2023
El seminario virtual contó con la participación de cuatro panelistas, quienes abordaron los impactos de la deforestación asociada a actividades como la tala y la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la pesca ilegal no declarada ni reglamentada y el rol del Acuerdo de Escazú en la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales. La moderación de este encuentro estuvo a cargo de Mayra Romero, Coordinadora de Comunicaciones de WCS Ecuador, quien aperturó el evento con un resumen sobre los delitos ambientales y la presentación de cada uno de los panelistas.
Para dar inicio al encuentro, María Olga Borja, Coordinadora de la Iniciativa MapBiomas Ecuador en Fundación Ecociencia, dió a conocer esta iniciativa coordinada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que tiene como objetivo: “realizar un monitoreo espacial y temporal de la Amazonía para comprender las dinámicas temporales históricas de una región y alertar cuando surgen cambios. Esto nos ha permitido detectar lo que ha provocado la minería, por ejemplo.’’
En este sentido, María Olga Borja mostró su preocupación por el crecimiento de la actividad minera en la Amazonía ecuatoriana en los últimos años: “La extensión de la minería pasó de 1879 hectáreas en la Amazonía de Ecuador en 2015 a 7495 hectáreas en 2021, es decir, se reporta un crecimiento del 300% en los últimos seis años. Zamora Chinchipe encabeza la lista con la mayor extensión de minería. Por otra parte, la provincia de Sucumbios reporta un crecimiento anómalo, por así decirlo, de casi 750% en los últimos seis años.
Franklin Vega, periodista ambiental y editor de la plataforma Bitácora Ambiental, presentó información sobre la pesca ilegal y visibilizó los vacíos legales existentes en la jurisdicción ecuatoriana: “Sabemos que varias especies de tiburones van de contrabando a Perú por tierra y vía marítima, además, en el último viaje de reportería que realizamos descubrimos que también se transportan mantarrayas. El mecanismo que utilizan los contrabandistas es pescar los tiburones de forma incidental, y como en el reglamento no se especifica cuánto es incidental se aprovechan de esto”
Vega destacó además: “En todos los procesos de pesca ilegal que he logrado revisar, que corresponden al menos a 300 reportes de guardaparques sobre pesca ilegal en áreas protegidas, solamente el 5% se llega a judicializar.”
Por otro lado, Sebastián Valdivieso, Director de Programa de WCS Ecuador, compartió los retos y amenazas del tráfico de vida silvestre en la Amazonía, destacando que este delito está asociado a redes criminales vinculadas a otros delitos, entre ellos, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el tráfico de drogas y de personas: “El tráfico de vida silvestre está íntimamente ligado a la forma en que la amazonía ecuatoriana se ha desarrollado en los últimos casi 60 años. Este modelo ha sido mal planificado y desorganizado, por ejemplo, existen vías de acceso que penetran en la selva amazónica, poco controladas, y lo que sucede es que todo lo que es susceptible de ser traficado se mueve desde los sitios de extracción, que normalmente son áreas de alto valor de conservación, como las áreas protegidas; hacia los mercados que se encuentran dentro y fuera de la amazonía.”
El tráfico de especies silvestres produce una serie de impactos ecológicos y sociales negativos:
- Riesgo de extinción de especies
- Alteración del funcionamiento del ecosistema
- Afectación en la provisión de servicios ecosistémicos
- Riesgo a la seguridad alimentaria de las comunidades
- Los traficantes de fauna silvestre no solo transportan animales sino también enfermedades zoonóticas: aparición de pandemias o epidemias como la Covid 19
Finalmente, Daniel Barragán, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad Hemisferios, abordó el rol del Acuerdo de Escazú, un instrumento para la protección del ambiente y los derechos humanos, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia ambiental, con la finalidad de reducir las brechas de exclusividad, desigualdad y los crecientes niveles de conflictividad socioambiental de Latinoamérica y el Caribe: ”El acuerdo de Escazú, entró en vigor en abril de 2021 y en países como Ecuador se están impulsando planes para su implementación desde el 2019.”
“El sector que más agresiones genera es la agroindustria por el incremento de monocultivos y de la frontera agrícola, además de la minería y otras industrias extractivas. Cabe señalar que en el 2021 se reportaron tres asesinatos a defensores de derechos humanos ambientales en Ecuador”, concluyó.
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