Entre abril de 2025 y marzo de 2027, el proyecto "Fortalecimiento de la Política Nacional REDD+ y su Programa de Distribución de Beneficios en Ecuador" impulsa el fortalecimiento de las capacidades institucionales y los mecanismos de gobernanza del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), con el objetivo de asegurar una implementación efectiva de REDD+ en el país y una distribución de beneficios transparente y equitativa.
QUITO, ECUADOR | DICIEMBRE 15, 2025
El proyecto es liderado por WCS Ecuador, en consorcio con Environmental Defense Fund (EDF) y Climate Law & Policy (CLP), y se ejecuta en estrecha coordinación con el MAE a través de la Subsecretaría de Cambio Climático. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Gobierno del Reino Unido, mediante el programa UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions).
El proyecto busca contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el desarrollo y la socialización del Plan de Distribución de Beneficios (PDB) y del Mecanismo de Quejas y Reclamos, ambos alineados con el Plan de Acción REDD+ de Ecuador. Estos instrumentos son clave para garantizar que los recursos provenientes de REDD+ se asignen bajo criterios de elegibilidad inclusivos, justos y transparentes, con la participación de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, así como con otros actores territoriales.
Actualmente, el Plan de Distribución de Beneficios se encuentra en proceso de construcción, incorporando insumos generados en talleres y reuniones con actores clave, incluidos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entidades gubernamentales sectoriales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional y representantes de pueblos indígenas y comunidades locales. Este proceso permitirá al país avanzar en el cumplimiento de requisitos necesarios para acceder a financiamiento internacional, como el acuerdo ERPA (Emissions Reductions Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) con la Coalición LEAF.
En octubre, durante la cuarta reunión de la Mesa de Trabajo REDD+ (cuarto periodo), se presentaron los avances del Plan de Distribución de Beneficios, destacando el proceso participativo desarrollado entre 2022 y 2025. En este espacio se recogieron aportes sobre los criterios para la asignación de recursos monetarios y no monetarios dentro de los mecanismos priorizados, así como las necesidades de fortalecimiento de capacidades. También se discutieron los próximos pasos para la consolidación del Plan, que incluyen la realización de talleres regionales de socialización.
A nivel internacional, el proyecto facilitó la participación de líderes locales - representantes afroecuatorianos e indígenas del país - en eventos asociados al intercambio de experiencias sobre distribución de beneficios de REDD+, en el marco de la Semana del Clima en Nueva York 2025 y la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CoP30).
De manera complementaria, los días 2 y 3 de diciembre, en Jama (Manabí), se realizó un intercambio de experiencias sobre el Acuerdo de Pago Basado en Desempeño, que permitió a representantes de GAD, autoridades y socios implementadores compartir aprendizajes sobre la aplicación de salvaguardas, el cumplimiento de indicadores y la gestión climática a nivel local.
El Acuerdo de Pago Basado en Desempeño incentiva la eficiencia en las políticas forestales y climáticas, asegurando que los desembolsos se realicen únicamente tras la verificación de resultados, en concordancia con la planificación y los acuerdos previos establecidos. Este mecanismo se consolida como una herramienta clave para canalizar recursos del Plan de Distribución de Beneficios REDD+, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas a nivel territorial.
Con este proyecto, se espera un proceso de participación sólido e inclusivo, en el que pueblos, nacionalidades, comunidades, y otros actores locales se integren de manera efectiva en la implementación de la política nacional REDD+, incluyendo el diseño, ejecución y seguimiento a los mecanismos para la distribución de beneficios. De esta manera, Ecuador avanza en la consolidación de REDD+ como una política pública que articula la conservación de bosques, la acción climática y el desarrollo sostenible, reconociendo el rol fundamental de los territorios y sus comunidades en la protección de los ecosistemas.
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