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PRONUNCIAMIENTO

Quito, Ecuador, 10 de julio de 2025. – La Asamblea Nacional del Ecuador ha aprobado la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, una legislación histórica que marca un antes y un después en la gestión de la biodiversidad del país, y en particular, de sus áreas protegidas. Este nuevo marco legal reconoce la urgencia de fortalecer la institucionalidad ambiental y sienta las bases para una conservación efectiva, sostenible y participativa.

Uno de los principales avances de esta ley es la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad de carácter público técnico y especializado. Esta entidad operará con autonomía administrativa, operativa y financiera bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Desde WCS Ecuador reconocemos esta decisión como una oportunidad sin precedentes para consolidar la gobernanza ambiental y garantizar la protección a largo plazo de las 78 áreas protegidas que cubren cerca del 20% del territorio nacional. En nuestro pronunciamiento inicial sobre la propuesta legislativa, destacamos la necesidad de contar con una institucionalidad ambiental robusta, mecanismos de financiamiento sostenibles, respeto a los derechos colectivos y un enfoque territorial participativo. Todos estos elementos se recogen en la ley aprobada:

• La constitución de un fideicomiso público que permita canalizar recursos nacionales e internacionales, garantizando la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.
   
• La participación de comunidades locales e indígenas mediante convenios de cooperación que reconocen sus derechos colectivos, su cosmovisión y el principio constitucional de consulta previa, libre e informada.
   
• El fortalecimiento del rol de los guardaparques, promoviendo su profesionalización y mejores condiciones laborales.
   

• Las zonas de las áreas protegidas en las que se desarrollen actividades se darán en función a los planes de manejo de cada área protegida, bajo estricta regulación y sin permitir privatización de los territorios.
   

• La intervención coordinada de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en casos excepcionales, donde se verifique la presencia de grupos criminales, con el fin de restablecer la seguridad en los territorios protegidos.
   
• La prohibición expresa de cualquier tipo de explotación de recursos no renovables dentro de las áreas protegidas.
   
• La exclusión de la aplicación de esta ley en territorios con presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), respetando su decisión de permanecer fuera de contacto.

Desde WCS Ecuador reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por la conservación de las áreas protegidas y con la implementación efectiva de esta normativa en beneficio de la naturaleza, las personas y las futuras generaciones. Continuaremos trabajando en alianza con actores estatales, pueblos indígenas y comunidades locales, sociedad civil y sector privado, para impulsar modelos de desarrollo sostenibles y justos, que reconozcan el valor de los ecosistemas, la vida silvestre y su papel en el bienestar colectivo.


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Contacto de prensa:
Mayra Romero, mromero@wcs.org

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