Posición de WCS Ecuador sobre la propuesta de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local en Ecuador
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Oportunidades para fortalecer la gobernanza y sostenibilidad
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
Quito, Ecuador, 27 de junio de 2025. – Ante la propuesta de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local presentada por el Gobierno Nacional, Wildlife Conservation Society (WCS) – Programa Ecuador, resalta la oportunidad crucial que atraviesa el país para consolidar la gobernanza, mejorar la gestión efectiva y asegurar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
WCS Ecuador hace un llamado a la Asamblea Nacional para garantizar un proceso legislativo amplio, informado y participativo, que incorpore las voces de todos los sectores involucrados: pueblos indígenas, comunidades locales, academia, sociedad civil, sector privado y entidades del Estado.
Las 78 áreas protegidas del Ecuador abarcan aproximadamente el 19,5 % del territorio nacional y constituyen la principal estrategia para conservar el patrimonio natural del país. Estas áreas albergan una biodiversidad única e invaluable, proveen servicios ecosistémicos esenciales —como el abastecimiento de agua— y resguardan conocimientos ancestrales, así como los medios de vida de las comunidades que las habitan.
No obstante, el SNAP enfrenta debilidades estructurales que comprometen su funcionamiento y efectividad. Entre los principales desafíos se encuentran:
- la insuficiencia de recursos financieros para su sostenimiento a largo plazo,
- la falta de infraestructura operativa y tecnológica,
- la escasez de personal técnico y guardaparques capacitados,
- la limitada oferta de servicios turísticos complementarios,
- y el incremento de actividades ilegales como la minería de oro, la tala selectiva y el tráfico de fauna silvestre.
En este contexto, WCS Ecuador reconoce que la discusión en torno a la propuesta de ley representa una oportunidad estratégica para impulsar reformas estructurales que fortalezcan la institucionalidad ambiental y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En este sentido, propone avanzar en los siguientes ejes clave:
1. Creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con autonomía administrativa, técnica y financiera. Esta institución debe contar con competencias claras para la administración, gestión efectiva, control y sanción frente a delitos ambientales como la minería ilegal, la tala selectiva y el tráfico de fauna silvestre.
2. Establecimiento de un mecanismo robusto de sostenibilidad financiera, basado en el Fondo Nacional de Gestión Ambiental, que garantice un flujo continuo y suficiente de recursos para asegurar la operación y conservación a largo plazo de las áreas protegidas del país.
3. Fomento del uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades locales, mediante el impulso al turismo comunitario, los bioemprendimientos y otras iniciativas productivas sostenibles que aseguren medios de vida dignos para las generaciones presentes y futuras.
4. Garantía de que toda actividad económica dentro de las áreas protegidas se enmarque en sus respectivos planes de manejo, cumpla con la normativa ambiental vigente y respete los procesos de consulta previa, libre e informada, así como los mecanismos de salvaguardas ambientales y sociales.
5. Exclusión de zonas de alta sensibilidad social y ambiental, como la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), de cualquier iniciativa económica, que comprometa su integridad o la decisión de aislamiento voluntario de sus pueblos.
6. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional para implementar un plan integral de seguridad que resguarde las áreas protegidas, sus zonas de amortiguamiento y al personal técnico, guardaparques y administradores frente a amenazas derivadas de actividades ilegales.
WCS Ecuador considera que la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas asegurará la sostenibilidad financiera a largo plazo y permitirá al Sistema Nacional de Áreas Protegidas proyectarse como una oportunidad única para el desarrollo nacional, basado en principios de gobernanza participativa, respeto a los derechos de la naturaleza y reconocimiento efectivo de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Esta normativa debe construirse desde la pluralidad de voces y visiones, con base en evidencia técnica, coherencia y alineada con los compromisos internacionales de conservación de la biodiversidad.
Como WCS Ecuador, reafirmamos que la gestión de las áreas protegidas debe ser liderada por el Estado, con la participación de las comunidades locales y el acompañamiento responsable del sector privado. Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de alternativas económicas inclusivas, justas y ambientalmente sostenibles, que fortalezcan la conservación de la biodiversidad y el bienestar colectivo.
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Contacto de prensa:
Mayra Romero, mromero@wcs.org
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